• Violencia Sexual. Justicia para las miles de mujeres víctimas del conflicto

    La organización ha hecho pública esta demanda en el curso de la presentación de su informe “La violencia sexual en Colombia: un arma de guerra”, en el que se afirma que todos los grupos armados (fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros) emplean la violencia sexual contra las mujeres de forma habitual en un entorno de impunidad alarmante.  

    “Las mujeres son asesinadas, perseguidas, desaparecidas, torturadas y obligadas a tomar las armas, como cualquier hombre, pero nosotras además somos víctimas de atroces formas de violencia sexual derivadas del conflicto” ha explicado la periodista colombiana y víctima Jineth Bedoya durante la presentación.

     Esta periodista del diario Tiempo, uno de los más importantes de Colombia, se ha desplazado a España para apoyar la presentación del este informe que espera contribuya a paliar la situación en la que viven actualmente miles de mujeres en su país.

     El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado[1]. Sin embargo, el informe apunta como la continua ocultación o negación de estos delitos dificulta la investigación de los casos, el enjuiciamiento y el castigo a los responsables y la reparación para las víctimas. La impunidad que reina en el país frente a este delito ha convertido a la mujer colombiana en víctima oculta del conflicto.

     “Muchas mujeres renuncian a denunciar por temor a las represalias, vergüenza y miedo por sus vidas y la de sus familiares. Esta estrategia de invisibilización silencia a las mujeres y las condena al olvido” añade Irene Milleiro, portavoz de Intermón Oxfam. Además, la falta de garantías legales y la falta de confianza en las instituciones estatales impiden declarar a las mujeres que desean hacerlo.

     Lo poco que se ha conseguido en la lucha contra la impunidad frente a este crimen, ha sido posible gracias a la presión de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, que han logrado en los últimos años la investigación de 183 casos de mujeres desplazadas víctimas de la violencia sexual. Se trata de una mínima referencia, teniendo en cuenta que en Colombia hay entre 3 y 4 millones de personas desplazadas - la mitad de ellas mujeres - y que 2 de cada 10 mujeres desplazadas han tenido que abandonar su hogar debido a la violencia sexual.

     “Desafortunadamente, existe una percepción general, que incluye a la legislación colombiana, que considera estos crímenes como una violación de Derechos Humanos de segundo orden, por lo que no se han tomado las medidas necesarias para lograr tolerancia cero frente a ellos” asegura Milleiro.

     Tolerancia cero

     Oxfam Internacional solicita a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea que reaccione ante este delito y exija tolerancia cero con las violaciones de Derechos Humanos, en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Esta tolerancia cero debe incluir la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y compensar a las víctimas.

    La comunidad internacional debe instar al Gobierno colombiano a luchar contra la impunidad y la protección de las mujeres frente a la comisión de crímenes sexuales, a través de cláusulas específicas y condicionantes sobre la materia en las relaciones entre la UE y Colombia.

     “El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las de defensa de los derechos humanos que trabajan temas relacionados con la violencia sexual es esencial para la consecución de un marco de convivencia que permita una paz duradera en el país”, añade la portavoz de Intermón Oxfam.

     Oxfam Internacional trabaja en la defensa de los derechos de la mujer en Colombia y su fortalecimiento social desde 2006. El informe “Violencia sexual en Colombia: un arma de guerra” pone en evidencia la necesidad de seguir investigando en este ámbito para poder obtener datos y visibilizar los casos, permitiendo que las víctimas sean reconocidas y puedan exigir justicia.

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